Política y Legislación Eléctrica
Francisco Aguirre Leo

Más que opinar sobre la fuerte polémica existente hoy sobre los peajes de transmisión de electricidad, me interesa apuntar a temas que la abierta y asombrosa discusión presente no debe tapar en relación a la importante tarea que hoy enfrentan los legisladores del proyecto de ley.

En efecto, el debate que a los legisladores compete es más complejo de lo que se ha visto públicamente, labor reconocida como de severas dificultades técnicas y económicas que en el pasado llevaron a sancionar cambios legales vigentes desde 1999 que hoy se denuncian como serios contribuyentes a la actual “huelga de inversiones y de contratos”, que expone a los consumidores a eventuales restricciones de suministro y sus consiguientes costos.

En este trance es importante salir fortalecidos normativamente con un proyecto de ley que, aunque incompleto, dado que aparentemente muchos desean agilizar el trámite, resuelva rápido el tema peajes y otros no menos importantes que lamentablemente han sido relegados a un segundo plano de discusión, pero siempre a la vista de los efectos de largo plazo que implica lo legislado, para lo que hace falta una política eléctrica definida y rectora, que aprovecho de solicitar que se publique, reitere o aclare por parte de la autoridad que corresponda.

Así entonces, el legislador debe tener presente que inversiones en centrales generadoras, en sistemas de transmisión y de distribución son decisiones de inversión para activos con vidas útiles de entre 20 y 60 años y que los consumidores tienen costos de racionamiento del orden 100 veces los de producir electricidad. Tampoco debe olvidar que el clima de discusión actual tiene absoluta consistencia con que el estado privatizó hace menos de 20 años sus empresas eléctricas buscando exitosamente una solución privada para resolver un problema público.

Así, enumero ahora aspectos a que daré fundamento en otra ocasión, con el fin que el cambio normativo incentive un mercado eléctrico competitivo y transparente mediante, entre otras:

a) legalizar la incorporación del Comercializador, actor inexistente en Chile y presente en normativas modernas que lo señalan como dinamizador de mercados globalizados.

b) animarse a innovar haciendo al sector transmisión de electricidad competitivo en cuanto al precio que se traspasa al usuario, mediante licitaciones de montos de peaje para soluciones técnicas predefinidas, aún cuando se mantenga un debidamente regulado monopolio operador.

c) la regulación de la cogeneración y la autogeneración, únicas alternativas efectivas que los clientes tienen frente a legales pero riesgosas decisiones de mercado de los proveedores.

d) el reemplazo de la actual estructura de los centros de despacho económico de carga por operadores privados económicamente independientes de generadores y de transmisores.

d) continuidad y calidad de servicio definida y fiscalizada coherentemente con normas técnicas.

e) procesos tarifarios con información transparente y existencia de audiencias públicas.

f) la promoción del uso de energías renovables como la hidro, geotermia y la eólica.

g) Propiciar y desarrollar mecanismos para el desarrollo de un sistema interconectado desde Arica a Punta Arenas unidas por sistemas de transmisión nacionales y/o internacionales.

Así, considerar aspectos de largo plazo como los anteriores es una invitación obligada a quienes hoy tienen la responsabilidad de legislar nuevamente en la antesala de otra “época de crisis”.



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