Comercialización de Electricidad
Francisco Aguirre Leo

En el sector eléctrico se hace ya críticamente conveniente incorporar al Comercializador, actor legalmente inexistente pero oficiosamente activo en Chile, como motor oficial que reimpulse la competencia y diversidad que necesitan los clientes para comprar electricidad, virtudes que existían en la política eléctrica y privatizadora de hace 15 años, pero hoy cada día más reducida por fusiones, internacionalización y globalización cuyas distorsiones alteraron los principios de mercados perfectos que animaron las reformas del sector hace 20 años. Hoy de las más de 25 sociedades generadoras, tres multinacionales acaparan cerca de 90% del mercado chileno. Aquél número de actores es sólo una ilusión del mercado competidor virtual definido en la ley, útil más bien para la gimnasia financiera, para agrupar votos en las decisiones del despacho de carga y también útil hoy día para gobernar la oferta y con ella los precios de electricidad. Este exagerado escenario actual cambia cuando cada generador pueda separar su gestión comercializadora de la de operación técnica, dejando esta última solamente consignada a los despachos de carga, sin influencia ajena alguna de los efectos comerciales de las decisiones de operación segura y económica. Situación muy parecida se repite en el negocio de la distribución de electricidad, con cerca de 40 empresas distribuidoras pero tres conglomerados dominantes, uno aún nacional, entidades virtualmente carceleras de los clientes libres en sus áreas de concesión, aplicando condiciones monopólicas sin que los grandes consumidores cautivos accedan a la libertad de elegir suministrador, que en la ley actual sin modificación está ya como simple “musica celestial”. Esta condición también cambia, al permitir separar el actual negocio de distribución en sus 2 componentes, la operación de la red y la comercialización.

Aún incluso en la transmisión de electricidad, de típica e inevitable gestión monopólica, puede incorporarse competencia comercial en relación a licitar el financiamiento y la ejecución de grandes obras técnicamente predefinidas conforme al Standard de calidad requerido, pero cuyos costos de peajes anuales derivasen de un proceso de “comercialización financiera y de obras” y no de una tarifa preestablecida. Así, aún cuando la operación del sistema interconectado quedase ligado a un solo operador de gestión regulada, el valor final de peaje que pagarían los clientes del transmisor -generadores y consumidores- provendría de una licitación de fondos y cálculo con una tasa de descuento de mercado al momento de licitar cada nuevo proyecto.

Es en este escenario de cambio normativo en el que el Comercializador hace de interfase entre proveedores y consumidores abordando su actividad económica, permitiendo que los operadores de generación, de transmisión y de distribución se concentren en sus funciones técnicas, demostradamente alteradas cuando los actores compiten en marcos regulatorios incompletos que nos han llevado a la actual “huelga legal de inversiones y de contratos”.

Hay quienes dicen deberemos esperar 20 años más para la llegada del Comercializador de Electricidad y del Operador del Sistema. Yo no pierdo esperanzas de que los actuales trances de meditación normativa permitan iluminar a quienes tienen la responsabilidad de establecer la política eléctrica de largo plazo y sus regulaciones, las que deben ser consistentes con el sector al que aplican, de larga inercia, fuertes inversiones y necesario sincronismo operativo.



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